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El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva que reclasifica aproximadamente a 8,000 empleados federales superiores como trabajadores a voluntad, eliminando las protecciones del servicio civil que los protegían de la interferencia política. La orden afecta a empleados de nivel GS 15, incluidos líderes de oficinas de políticas, jefes de personal, jefes regionales y gerentes de programas.

La administración argumenta que mejora la rendición de cuentas, pero los críticos advierten que politiza la fuerza laboral y podría ahuyentar al personal experimentado. La medida enfrenta múltiples demandas, y los expertos predicen que el caso llegará a la Corte Suprema.

El número de afectados es menor que los 50,000 estimados inicialmente, pero la administración podría ampliar el grupo más adelante. La orden crea una nueva categoría llamada Schedule Policy/Career y elimina los derechos de apelación para los empleados afectados, aunque se mantienen las protecciones para denunciantes.

El litigio continúa y se espera una decisión de la Corte Suprema pronto sobre precedentes relacionados.

La administración Trump ha propuesto aranceles adicionales del 10% o más a productos de docenas de socios comerciales importantes, citando el incumplimiento de las prohibiciones de importación de trabajo forzoso. Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido enfrentan aranceles del 10%; China, Japón, India y otros enfrentan aranceles del 5%.

La investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 encontró que 60 países no cumplieron con las prohibiciones de importación de trabajo forzoso. China niega las acusaciones de trabajo forzoso y pide diálogo, mientras que la UE aprobó recientemente un acuerdo arancelario con EE.

UU. Los aranceles propuestos están sujetos a comentarios públicos y audiencias que comienzan el 7 de julio.

La medida probablemente tensará aún más las relaciones comerciales con socios clave ya afectados por oleadas arancelarias anteriores.