Los funcionarios del condado de San Diego sabían desde enero de 2023 que Amy Knox, una ejecutiva de alto rango de Harm Reduction Coalition of San Diego, tenía una condena previa por malversación de fondos. A pesar de esto, adjudicaron a la organización sin fines de lucro un contrato por valor de más de $1 millón anual en 2024.
Un denunciante informó sobre los antecedentes penales de Knox, lo que llevó a una auditoría que identificó problemas de control financiero. El condado no exigió la destitución de Knox, sino que solicitó cambios de política.
La directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro afirmó que el condado nunca le informó sobre el alcance total del pasado de Knox. El condado no dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría y la organización sin fines de lucro nunca estableció una junta directiva adecuada.
- Los funcionarios del condado sabían de la condena por malversación de Knox para enero de 2023. - El condado adjudicó un contrato de $1 millón a la organización sin fines de lucro en 2024 a pesar de este conocimiento.
- Un denunciante informó sobre los antecedentes de Knox, pero el condado solo realizó una auditoría. - El condado no se aseguró de que se implementaran las recomendaciones de la auditoría.
El caso plantea serias preguntas sobre la supervisión del condado de contratistas con antecedentes penales y su fracaso en proteger los fondos públicos.