El condado de Alameda enfrenta demanda de $290 millones por exclusión de jurados negros y judíos en casos de pena de muerte

Curtis Lee Ervin, de 73 años, ha presentado una demanda federal contra el condado de Alameda, alegando que desde principios de la década de 1980 existía una política no escrita generalizada y profundamente arraigada de excluir a personas negras y judías de los jurados en casos de pena capital. Ervin, quien pasó más de tres décadas en el corredor de la muerte antes de ser liberado por un juez en agosto de 2025, ahora se suma a una creciente lista de personas que han sido declaradas elegibles para libertad condicional o liberadas tras el escándalo.

En su juicio, un fiscal se negó a aceptar a nueve posibles jurados negros, dejando que su caso fuera decidido por once blancos y un hombre negro. La demanda, presentada el 27 de mayo, busca una indemnización de nueve cifras.

El abogado de Ervin, Brian Pomerantz, declaró: "Dígame cuánto valen años y años de su vida en el corredor de la muerte". La demanda critica al condado por permitir que los fiscales "amanejaran los jurados" durante décadas, y afirma que la oficina del fiscal de distrito no capacitó, supervisó ni disciplinó adecuadamente a los fiscales, quienes supuestamente veían las obligaciones constitucionales como "arbitrarias".

El escándalo estalló en la primavera de 2024, cuando el juez de distrito de EE. UU.

Vince Chhabria encontró "evidencia sólida" de que los fiscales habían estado "involucrados en un patrón de mala conducta grave, excluyendo automáticamente a jurados judíos y afroamericanos en casos de pena de muerte". La demanda sostiene que el fiscal James Anderson, quien supervisó todas las acusaciones capitales desde 1991 hasta su jubilación en 2004, justificó sus acciones alegando que eliminar a jurados negros y judíos "no era algo racista, sino sentido común".

Al menos otras cuatro condenas obtenidas por Anderson han sido anuladas o reducidas en los últimos años. Ervin, quien siempre mantuvo su inocencia, se declaró sin oposición a homicidio voluntario, robo y secuestro, y recibió una nueva condena de 27 años, que se redujo a la mitad por buen comportamiento, lo que permitió su liberación.

La demanda describe el trauma psicológico severo que sufrió durante cuatro décadas en el corredor de la muerte, incluyendo la presencia de alimañas, comida en mal estado y el ruido constante de los reclusos con enfermedades mentales. La oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda declinó hacer comentarios sobre el litigio pendiente.